El pasado pleno
dio el visto bueno a un convenio de colaboración con la empresa pública de
promoción de viviendas protegidas del archipiélago
El
alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, informa que tras aprobación en el
último pleno municipal, la localidad se ha acogido al programa autonómico
‘Canarias + Viviendas x Familia’, que promueve el acceso a la vivienda a las unidades
familiares que han perdido o estén en riesgo de perder su residencia habitual
por un proceso judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio, incluso ante
su inminente lanzamiento.
La
concejala de Bienestar Social, Olga Jorge, destaca que “es una medida que
establece un protocolo unificado de acción entre administraciones local y
regional para hacer frente a las situaciones indeseables de procedimientos
judiciales o extrajudiciales de pérdida de vivienda por merma de la capacidad
económica, bien por no poder pagar la hipoteca, el alquiler o la comunidad”.
El
citado programa ofrece asesoramiento y mediación a quienes se encuentre en
situación de riesgo habitacional, seguimiento y acompañamiento a las personas o
unidades de convivencia adheridas al programa y elaboración y gestión de un
parque de viviendas para alquiler social.
El
Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, se
compromete a coordinar la intervención de los ayuntamientos y su adhesión al
referido programa, informar al consistorio para el desarrollo del mismo,
facilitar el modelo de informe social y ficha de derivación respectivas,
asesorar técnica y jurídicamente en materia de vivienda y aportar una bolsa de
viviendas a añadir.
El
Ayuntamiento de Los Realejos ha de comunicar a la empresa pública de promoción
de viviendas protegidas del archipiélago, Visocan, en aras de intentar paliar o
solucionar la precariedad de la situación analizada, emitir informe social en
caso de usuarios del área de Bienestar Social municipal en un plazo de 10 días.
En
el marco de este programa ‘Canarias + Viviendas x Familias’ se constituirá una
comisión de seguimiento integrada por un representante de cada ayuntamiento que
haya conveniado, además de dos representantes de la comunidad autónoma, un
jurídico y un trabajador social. El presente convenio no genera obligaciones
económicas ni para el Gobierno de Canarias ni para el Ayuntamiento, sino que
persiguen el fin social de la contribución al bienestar de aquellas familias
que en los términos establecidos en el objeto así lo requieran.